Cuando el cura vive “como un cura”… ¿y quién decide cómo debe vivir?

 

Cuando el cura vive “como un cura”… ¿y quién decide cómo debe vivir?

La conversación que he compartido arranca con una intuición provocadora: quizá, de todo lo que se discute cuando se mezclan liberalismo, catolicismo y capitalismo, lo que más toca nervio es algo mucho más cotidiano y menos teórico: la economía diaria del sacerdote. No la economía de los grandes discursos, sino la del frigorífico, la gasolina, el seguro, el techo que gotea en la casa parroquial y ese “a ver si llego” a fin de mes.

Y aquí aparece enseguida un choque con el imaginario popular. Existe el dicho “vivir como un cura”, como sinónimo de vivir bien. Pero se sostiene que esa expresión ya no encaja con la realidad actual (al menos en España): no solo muchos sacerdotes no viven “muy bien”, sino que se sugiere que esa precariedad no es casual, que responde a dinámicas estructurales e intereses.

Cuando la supervivencia manda, la libertad se estrecha.

Una de las tesis más fuertes del texto es esta: se habría “elegido” (o permitido) que el clero viva materialmente peor para limitar su acceso a la propiedad y, con ello, limitar su libertad práctica. La idea es sencilla y dura: si un sacerdote no puede construir un mínimo colchón (una casa, un ahorro razonable, un margen de autonomía), queda más dependiente. Y la dependencia, en cualquier organización, tiende a traducirse en mayor control.

La conversación lo enmarca dentro de algo más amplio que se llama “estatalización” de la Iglesia: una forma de gobierno “estatista”, más autoritaria, más centralizada, menos propia de lo que debería ser la vida eclesial. Se llega a afirmar incluso que el estatismo, como tal, sería “claramente anticatólico”, porque sustituye la lógica de la comunión por una lógica de aparato.

No se está diciendo (al menos no necesariamente) que la Iglesia deba funcionar como una empresa o un mercado, sino que no debería funcionar como un pequeño Estado donde la libertad real de sus miembros se debilita por falta de recursos y por dependencia económica.

Dos mundos: religiosos y sacerdotes diocesanos

Aquí el texto hace una distinción importante, pedagógica y necesaria:

1.     Clero regular (religiosos): viven bajo voto de pobreza. Eso significa que, por su opción y por su promesa formal, renuncian a la propiedad personal. Sus bienes son comunitarios; su orden o congregación sostiene su vida. La pobreza, en este caso, no es miseria: la idea tradicional es tener lo necesario y vivir sobriamente, incluso con renuncias, pero sin convertir la vida en una angustia permanente.

2.     Clero secular (diocesano): no hace voto de pobreza. Puede tener bienes propios, aunque con límites (por ejemplo, se subraya que no debe dedicarse a “negocios” como ocupación ordinaria, y que hay un marco canónico que pone frenos a ciertas actividades por coherencia con el estado sacerdotal).

Y aquí aparece un concepto clásico del derecho canónico: la “cóngrua sustentación”, es decir, la obligación del obispo de proveer lo necesario para que el sacerdote pueda sostenerse dignamente.

El problema, según se comenta, es que lo “necesario” puede interpretarse de forma minimalista: “estar comidos”. Y entonces surge una frase clave: la pobreza no es no pasar hambre. Que alguien no se muera de hambre no significa que viva con dignidad, ni que pueda sostenerse con serenidad, ni que tenga margen de libertad.

Pobreza no es miseria: es sobriedad con dignidad.

La situación española: salario, Estatuto y un “régimen especial”

La conversación se mete en datos concretos: se habla de sueldos “en torno a los 1.000 euros al mes en 14 pagas”, tradicionalmente por debajo del salario mínimo, aunque habría habido incrementos respecto a épocas anteriores. Se mencionan complementos para ciertos cargos y el papel de los estipendios de misa, que pueden sumar algo, pero no solucionan el fondo.

Hasta aquí podría parecer “solo” una remuneración baja. Pero el texto insiste en algo más delicado: la posición jurídica-laboral. Se afirma que en España el sacerdote no está incluido en el Estatuto de los Trabajadores por un marco derivado de acuerdos entre el Estado y la Santa Sede y su desarrollo legal. ¿Consecuencia?

• No habría un cauce civil-laboral ordinario para reclamar derechos.
• No existirían horarios exigibles civilmente.
• Las vacaciones existirían como derecho canónico, pero no como derecho laboral civil.
• La Seguridad Social operaría con un régimen particular: se pagaría pensión y asistencia sanitaria, pero no conceptos como paro, accidentes laborales o formación, lo que implicaría una aportación menor que la de un trabajador estándar.

La conversación lo remata con una comparación llamativa: empleados laicos de estructuras diocesanas (por ejemplo, limpieza) podrían tener mejor salario y más derechos laborales que un sacerdote medio.

Y aquí se abre un matiz interesante: quien habla no pide necesariamente “laboralizar” al sacerdote como si fuera un empleado más. De hecho, expresa que le parece razonable que el sacerdote no sea exactamente equiparable a cualquier trabajador (derecho a despido, etc., suena raro en clave vocacional). Pero sí subraya lo esencial: no tiene sentido que un sacerdote viva con una preocupación constante por la supervivencia. Una cosa es vivir sobrio, otra vivir haciendo encaje de bolillos.

Comparaciones internacionales: no es lo mismo en todas partes

Se traen ejemplos para mostrar que la realidad española no es universal:

• En buena parte de Hispanoamérica se afirma que un sacerdote puede vivir como un profesional medio.
• En Estados Unidos se describe un esquema donde el sueldo puede ser “bajo para los estándares”, pero la diócesis o la parroquia cubren vivienda, comida, seguro médico, etc. Eso cambia completamente el panorama: el sueldo ya no compite con la lista interminable de gastos básicos.

El contraste busca señalar que el problema no es “el sacerdocio” en abstracto, sino cómo se organiza materialmente.

Un cura sostiene personas… y también techos, llaves, facturas y retablos.

La carga real: pastor, presencia social y gestor patrimonial

Otra parte potente del texto es la enumeración de tareas:

1.     Labor pastoral: sacramentos, predicación, acompañamiento, catequesis, escucha… horas y horas.

2.     Labor social: especialmente en barrios y pueblos, donde el sacerdote puede ser una de las pocas figuras estables de apoyo a personas vulnerables.

3.     Gestión patrimonial: quizá la más invisibilizada. En muchos lugares, lo más valioso del pueblo (artística y culturalmente) es la iglesia: retablos, cubiertas, muros, seguridad, restauraciones, trámites, financiación, prevención de robos, mantenimiento continuo.

La idea de fondo es clara: cada vez hay menos curas para tareas que no han disminuido en la misma proporción. Esto genera presión, sobrecarga y sensación de responsabilidad constante. Y ahí vuelve el punto económico: si ya estás desbordado, y además estás al límite material, el sistema no solo te exige: te aprieta.

El efecto colateral: dificultad para entender la economía real

Aquí la conversación da un giro muy interesante. Dice, más o menos: luego nos extrañamos de que algunos sacerdotes u obispos hablen de economía de forma poco realista. ¿Por qué pasaría eso?

Porque muchos sacerdotes en España vivirían en un régimen de subsistencia administrada, sin experiencia directa de “ganar dinero” en el sentido empresarial o profesional competitivo: crear riqueza, asumir riesgos, levantar un proyecto, entender la formación de precios, lidiar con costes, sueldos, impuestos, incertidumbre. Si tu economía está estructurada y asegurada (aunque sea pobre), puedes terminar hablando de economía desde categorías morales sin haber pisado el barro de cómo funciona.

Se añade además un dato de estructura: los balances diocesanos tendrían un peso relativamente bajo de aportaciones directas de fieles (se menciona que a menudo no llegarían al 20 por ciento), mientras el resto sería “fijo” o ligado a gestión, impuestos (la casilla de la renta) y actividades como turismo. En ese marco, se lanza una crítica: es difícil denunciar la presión fiscal cuando una parte de los ingresos depende de esa misma estructura fiscal.

No se trata solo de una acusación; es casi un diagnóstico: cuando el sistema de financiación es mayoritariamente “estable” y no proviene de la donación directa, el lenguaje sobre economía puede volverse abstracto, automático o ideológico.

Una crítica concreta a un estilo de discurso eclesial

El texto termina apuntando a un caso: un documento episcopal sobre doctrina social donde se mencionaría repetidamente el “neoliberalismo” como fuente de problemas, sin mencionar socialismo, comunismo o colectivismos, pese al contexto político del país. La queja aquí no es solo “falta este término”, sino algo más profundo: un desequilibrio en el análisis, y, detrás, una posible incomprensión de lo que significa crear riqueza y sostener un tejido productivo real.

La conversación sugiere que, cuando no se conoce desde dentro el coste de levantar empresas, pagar sueldos, cumplir normativas y sobrevivir, es fácil caer en recetas del tipo “que los políticos solucionen”, “más derechos”, “subir salarios”, sin entrar en el “cómo” y en las consecuencias.

Cierre: la pregunta incómoda que queda en el aire

Lo más interesante es que el texto no acaba en una queja amarga, sino en una pregunta grande: ¿qué tipo de Iglesia se construye cuando el sacerdote vive con paz interior, sí, pero con estrechez estructural buscada o permitida? ¿Qué pasa con su libertad real, con su formación económica, con la calidad del discernimiento pastoral cuando la vida cotidiana está siempre al límite?

Y, en el fondo, la cuestión es casi evangélica en su forma, aunque aquí se exprese en clave social: si la Iglesia quiere hablar al mundo sobre justicia, dignidad y bien común, necesita que sus propios ministros vivan una sobriedad verdadera: no el lujo, pero tampoco la precariedad que convierte la vida en una cuerda floja.