no
exige amputar la memoria de España
La
aconfesionalidad no exige una España sin memoria
Conviene empezar
por una precisión que hoy se omite con demasiada ligereza: la
aconfesionalidad del Estado no significa la amnesia religiosa de la sociedad,
ni la desecación cultural del espacio público, ni la
obligación de tratar a España como si fuera un solar vacío sobre el que cada
generación pudiera empezar de cero. La Constitución no dice eso. Lo que
establece es que ninguna confesión tendrá carácter estatal y, al mismo tiempo,
que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y cooperarán con la Iglesia católica y con las demás
confesiones. La aconfesionalidad española no equivale, por tanto, a
hostilidad frente al hecho religioso, sino a neutralidad institucional
unida al reconocimiento de una realidad social e histórica que no puede
fingirse inexistente.
La
Semana Santa como patrimonio vivo de la nación
España no es un
laboratorio abstracto. Es una comunidad histórica concreta, con una
continuidad cultural, jurídica y espiritual reconocible. Y dentro de esa
continuidad, la Semana Santa no comparece como una simple actividad más entre
otras posibles ocupaciones de la calle. Forma parte de un patrimonio vivo
que ha modelado durante siglos el calendario, el arte, el lenguaje, la
sensibilidad moral y la misma imaginación colectiva de nuestro pueblo. En ella
se entrelazan fe, memoria, vínculos comunitarios, belleza, penitencia, duelo y
esperanza. Reducirla a un uso coyuntural del espacio público es no entender
lo que ahí está en juego.
Las
raíces cristianas de la cultura política europea
Además, conviene
recordar algo que a menudo se pasa por alto con un aire de superioridad
histórica bastante apresurado. La cultura política europea no nace de una
ruptura limpia con el cristianismo, ni puede explicarse únicamente desde
una Ilustración leída como negación de toda herencia religiosa. Europa es
también hija de una matriz bíblica y cristiana que ha contribuido de manera
decisiva a sedimentar convicciones hoy tenidas por irrenunciables: la dignidad
de cada persona, el valor de la conciencia, el límite moral del poder, la
responsabilidad hacia el prójimo, la intuición de que la justicia no se deja
agotar del todo por la legalidad positiva. Cuando el artículo 10.1 de la
Constitución sitúa en la base del orden político la dignidad de la persona, sus
derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad, eso no brota de
la nada. Brota de una historia moral larga, compleja y fecunda.
Neutralidad
del Estado no es borrado cultural
Por eso resulta
empobrecedor presentar la modernidad española como una tarea de vaciamiento
simbólico. La aconfesionalidad bien entendida no obliga a descristianizar la
vida común para parecer más adulta, más neutral o más europea. Lo que exige
es otra cosa: que el Estado no se identifique con una confesión determinada y
que garantice a todos el ejercicio de sus derechos. Pero ese deber no autoriza
a los poderes públicos a comportarse como si aquello que ha dado forma a la
nación fuese un residuo embarazoso que hubiera que tolerar en silencio hasta su
disolución. La neutralidad del Estado no puede convertirse en una técnica de
borrado cultural. En España, la cooperación con las confesiones no es una
anomalía; forma parte del diseño constitucional. Y esa neutralidad, tal como ha
sido entendida entre nosotros, no impone indiferencia ante la historia,
sino precisamente una forma de equilibrio que evita tanto la confesionalidad
estatal como la desmemoria programática.
Libertad
religiosa para todos, sin negación de la historia
Llegados aquí,
importa hacer una segunda precisión, no menos necesaria. Defender todo esto
no implica negar derechos a quienes profesan otras religiones ni a quienes se
incorporan a nuestra sociedad desde otros horizontes culturales. La
libertad religiosa vale para todos, y vale de verdad. No se reduce a la
intimidad de la conciencia ni queda encerrada en el ámbito doméstico. Comprende
también, dentro de la ley, formas de expresión comunitaria y pública. Esa
afirmación debe sostenerse sin vacilaciones. Pero una cosa es reconocer
plenamente ese derecho y otra, muy distinta, exigir que toda tradición
religiosa deba recibir idéntico lugar simbólico en el espacio público, con
independencia de su arraigo histórico, de su densidad cultural o de la relación
efectiva que mantenga con la biografía concreta del país.
Acoger
sin desdibujarse: pluralismo y continuidad común
Una sociedad libre
puede acoger sin desdibujarse. Puede abrirse sin renunciar a su nombre. La hospitalidad
no obliga a la autonegación. El pluralismo tampoco consiste en fingir que todas
las tradiciones pesan lo mismo en la configuración histórica de una nación. Consiste,
más bien, en hacer posible una convivencia leal entre libertades diversas
dentro de un marco común que no ha surgido ayer y que no necesita
avergonzarse de sus propias raíces para ser justo. Integrarse en una comunidad
política no equivale a diluir la identidad personal, pero tampoco puede
significar vivir como si la historia de esa comunidad fuese irrelevante o
puramente decorativa.
La
libertad pública de la religión no impone tabla rasa
Aquí se juega, en
el fondo, la cuestión decisiva. La libertad religiosa, en nuestro
ordenamiento, protege también su manifestación pública, con los límites que
nacen del orden público y de los derechos ajenos. Eso es indiscutible. Lo que
ya no es tan indiscutible es la pretensión de convertir ese reconocimiento en
una suerte de tabla rasa simbólica, como si el derecho exigiera ignorar toda
diferencia de arraigo entre unas tradiciones y otras. No es así. Garantizar
la libertad no obliga a practicar una ficción de indiferencia histórica. Al
contrario: una convivencia verdaderamente justa sabe distinguir entre el
respeto debido a toda persona y a toda confesión, y el hecho igualmente real de
que algunas expresiones religiosas forman parte del patrimonio histórico
compartido de una nación de una manera singular y no intercambiable.
La
singularidad de la Semana Santa nace de su arraigo histórico
Ahí es donde la
Semana Santa reclama ser comprendida con más finura y con menos esquematismo. Su
singularidad no deriva de que el Estado deba profesar una fe, ni de que una
mayoría sociológica pueda imponerla como norma civil. Deriva de un hecho
histórico, cultural y social objetivo: durante siglos, el cristianismo ha
contribuido de forma decisiva a configurar el alma visible de España, sus
fiestas, sus ciudades, su arte, sus ritmos, su lenguaje y hasta su manera de
representar el sufrimiento y la misericordia. Reconocer públicamente esa
singularidad no rompe la igualdad de derechos. Lo que rompería la igualdad
sería negar derechos a otros. Pero no es lo mismo reconocer un derecho que
declarar intercambiables todas las tradiciones con independencia de su lugar en
la historia común.
Los
derechos no dependen de la reciprocidad internacional
También conviene añadir una precisión que suele estropearse cuando se formula con prisas. La defensa de la libertad religiosa en España no puede depender de la reciprocidad con otros países, porque aquí hablamos de derechos fundamentales personales, no de favores condicionales ni de compensaciones geopolíticas. Si una persona vive entre nosotros, tiene derecho a que su libertad sea respetada conforme al ordenamiento, sin que se le pida responder por lo que hagan regímenes ajenos. Pero de esa verdad no se sigue que Europa deba callar cuando esos mismos derechos son negados a cristianos y a otras minorías religiosas en distintos lugares del mundo. Una civilización coherente protege la libertad en casa y la reclama fuera. No para rebajar aquí la dignidad de nadie, sino para no convertir en retórica vacía los principios que dice defender.
La
verdadera cuestión: neutralidad o ceguera histórica
De modo que la
cuestión de fondo no es si España debe ser neutral en materia religiosa. Eso ya
está resuelto. La cuestión verdadera es si esa neutralidad ha de
interpretarse como una forma de ceguera histórica. Y ahí la respuesta
debería ser inequívoca. No corresponde al Estado apropiarse de una confesión,
pero tampoco le corresponde administrar el olvido de aquello que ha contribuido
decisivamente a formar la sociedad a la que sirve. La aconfesionalidad no
manda vaciar el espacio público de toda memoria religiosa; manda impedir
que el poder político se identifique con una fe determinada y, a la vez, le
exige gobernar con conciencia de la realidad histórica del país.
Un
reconocimiento singular sin privilegio confesional
Por eso la Semana
Santa puede y debe recibir un reconocimiento singular. No como privilegio
arbitrario, no como resto vergonzante de un pasado que se tolera por
rutina, sino como expresión de una continuidad histórica y cultural que
sigue viva y que ha dejado una huella objetiva en la vida española. Y por
eso mismo, la acogida de nuevas minorías religiosas debe hacerse desde la plena
libertad de sus miembros, desde la lealtad al marco constitucional y desde el
respeto mutuo dentro de una cultura común que no necesita borrarse para ser
hospitalaria.
Sin
memoria compartida, la libertad pierde su suelo
Una nación que
pierde la conciencia de su propia continuidad no se vuelve más justa; se vuelve
más débil, más disponible para la intemperie, más fácil de fragmentar. Y una
aconfesionalidad que confundiera neutralidad con desmemoria acabaría
dejando sin protección precisamente el suelo histórico y moral sobre el que la
libertad llegó a hacerse posible entre nosotros.
