La aconfesionalidad bien entendida no exige amputar la memoria de España

 

La aconfesionalidad bien entendida

no exige amputar la memoria de España

La aconfesionalidad no exige una España sin memoria

Conviene empezar por una precisión que hoy se omite con demasiada ligereza: la aconfesionalidad del Estado no significa la amnesia religiosa de la sociedad, ni la desecación cultural del espacio público, ni la obligación de tratar a España como si fuera un solar vacío sobre el que cada generación pudiera empezar de cero. La Constitución no dice eso. Lo que establece es que ninguna confesión tendrá carácter estatal y, al mismo tiempo, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y cooperarán con la Iglesia católica y con las demás confesiones. La aconfesionalidad española no equivale, por tanto, a hostilidad frente al hecho religioso, sino a neutralidad institucional unida al reconocimiento de una realidad social e histórica que no puede fingirse inexistente.

La Semana Santa como patrimonio vivo de la nación

España no es un laboratorio abstracto. Es una comunidad histórica concreta, con una continuidad cultural, jurídica y espiritual reconocible. Y dentro de esa continuidad, la Semana Santa no comparece como una simple actividad más entre otras posibles ocupaciones de la calle. Forma parte de un patrimonio vivo que ha modelado durante siglos el calendario, el arte, el lenguaje, la sensibilidad moral y la misma imaginación colectiva de nuestro pueblo. En ella se entrelazan fe, memoria, vínculos comunitarios, belleza, penitencia, duelo y esperanza. Reducirla a un uso coyuntural del espacio público es no entender lo que ahí está en juego.

Las raíces cristianas de la cultura política europea

Además, conviene recordar algo que a menudo se pasa por alto con un aire de superioridad histórica bastante apresurado. La cultura política europea no nace de una ruptura limpia con el cristianismo, ni puede explicarse únicamente desde una Ilustración leída como negación de toda herencia religiosa. Europa es también hija de una matriz bíblica y cristiana que ha contribuido de manera decisiva a sedimentar convicciones hoy tenidas por irrenunciables: la dignidad de cada persona, el valor de la conciencia, el límite moral del poder, la responsabilidad hacia el prójimo, la intuición de que la justicia no se deja agotar del todo por la legalidad positiva. Cuando el artículo 10.1 de la Constitución sitúa en la base del orden político la dignidad de la persona, sus derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad, eso no brota de la nada. Brota de una historia moral larga, compleja y fecunda.

Neutralidad del Estado no es borrado cultural

Por eso resulta empobrecedor presentar la modernidad española como una tarea de vaciamiento simbólico. La aconfesionalidad bien entendida no obliga a descristianizar la vida común para parecer más adulta, más neutral o más europea. Lo que exige es otra cosa: que el Estado no se identifique con una confesión determinada y que garantice a todos el ejercicio de sus derechos. Pero ese deber no autoriza a los poderes públicos a comportarse como si aquello que ha dado forma a la nación fuese un residuo embarazoso que hubiera que tolerar en silencio hasta su disolución. La neutralidad del Estado no puede convertirse en una técnica de borrado cultural. En España, la cooperación con las confesiones no es una anomalía; forma parte del diseño constitucional. Y esa neutralidad, tal como ha sido entendida entre nosotros, no impone indiferencia ante la historia, sino precisamente una forma de equilibrio que evita tanto la confesionalidad estatal como la desmemoria programática.

Libertad religiosa para todos, sin negación de la historia

Llegados aquí, importa hacer una segunda precisión, no menos necesaria. Defender todo esto no implica negar derechos a quienes profesan otras religiones ni a quienes se incorporan a nuestra sociedad desde otros horizontes culturales. La libertad religiosa vale para todos, y vale de verdad. No se reduce a la intimidad de la conciencia ni queda encerrada en el ámbito doméstico. Comprende también, dentro de la ley, formas de expresión comunitaria y pública. Esa afirmación debe sostenerse sin vacilaciones. Pero una cosa es reconocer plenamente ese derecho y otra, muy distinta, exigir que toda tradición religiosa deba recibir idéntico lugar simbólico en el espacio público, con independencia de su arraigo histórico, de su densidad cultural o de la relación efectiva que mantenga con la biografía concreta del país.

Acoger sin desdibujarse: pluralismo y continuidad común

Una sociedad libre puede acoger sin desdibujarse. Puede abrirse sin renunciar a su nombre. La hospitalidad no obliga a la autonegación. El pluralismo tampoco consiste en fingir que todas las tradiciones pesan lo mismo en la configuración histórica de una nación. Consiste, más bien, en hacer posible una convivencia leal entre libertades diversas dentro de un marco común que no ha surgido ayer y que no necesita avergonzarse de sus propias raíces para ser justo. Integrarse en una comunidad política no equivale a diluir la identidad personal, pero tampoco puede significar vivir como si la historia de esa comunidad fuese irrelevante o puramente decorativa.

La libertad pública de la religión no impone tabla rasa

Aquí se juega, en el fondo, la cuestión decisiva. La libertad religiosa, en nuestro ordenamiento, protege también su manifestación pública, con los límites que nacen del orden público y de los derechos ajenos. Eso es indiscutible. Lo que ya no es tan indiscutible es la pretensión de convertir ese reconocimiento en una suerte de tabla rasa simbólica, como si el derecho exigiera ignorar toda diferencia de arraigo entre unas tradiciones y otras. No es así. Garantizar la libertad no obliga a practicar una ficción de indiferencia histórica. Al contrario: una convivencia verdaderamente justa sabe distinguir entre el respeto debido a toda persona y a toda confesión, y el hecho igualmente real de que algunas expresiones religiosas forman parte del patrimonio histórico compartido de una nación de una manera singular y no intercambiable.

La singularidad de la Semana Santa nace de su arraigo histórico

Ahí es donde la Semana Santa reclama ser comprendida con más finura y con menos esquematismo. Su singularidad no deriva de que el Estado deba profesar una fe, ni de que una mayoría sociológica pueda imponerla como norma civil. Deriva de un hecho histórico, cultural y social objetivo: durante siglos, el cristianismo ha contribuido de forma decisiva a configurar el alma visible de España, sus fiestas, sus ciudades, su arte, sus ritmos, su lenguaje y hasta su manera de representar el sufrimiento y la misericordia. Reconocer públicamente esa singularidad no rompe la igualdad de derechos. Lo que rompería la igualdad sería negar derechos a otros. Pero no es lo mismo reconocer un derecho que declarar intercambiables todas las tradiciones con independencia de su lugar en la historia común.

Los derechos no dependen de la reciprocidad internacional

También conviene añadir una precisión que suele estropearse cuando se formula con prisas. La defensa de la libertad religiosa en España no puede depender de la reciprocidad con otros países, porque aquí hablamos de derechos fundamentales personales, no de favores condicionales ni de compensaciones geopolíticas. Si una persona vive entre nosotros, tiene derecho a que su libertad sea respetada conforme al ordenamiento, sin que se le pida responder por lo que hagan regímenes ajenos. Pero de esa verdad no se sigue que Europa deba callar cuando esos mismos derechos son negados a cristianos y a otras minorías religiosas en distintos lugares del mundo. Una civilización coherente protege la libertad en casa y la reclama fuera. No para rebajar aquí la dignidad de nadie, sino para no convertir en retórica vacía los principios que dice defender.

La verdadera cuestión: neutralidad o ceguera histórica

De modo que la cuestión de fondo no es si España debe ser neutral en materia religiosa. Eso ya está resuelto. La cuestión verdadera es si esa neutralidad ha de interpretarse como una forma de ceguera histórica. Y ahí la respuesta debería ser inequívoca. No corresponde al Estado apropiarse de una confesión, pero tampoco le corresponde administrar el olvido de aquello que ha contribuido decisivamente a formar la sociedad a la que sirve. La aconfesionalidad no manda vaciar el espacio público de toda memoria religiosa; manda impedir que el poder político se identifique con una fe determinada y, a la vez, le exige gobernar con conciencia de la realidad histórica del país.

 

Un reconocimiento singular sin privilegio confesional

Por eso la Semana Santa puede y debe recibir un reconocimiento singular. No como privilegio arbitrario, no como resto vergonzante de un pasado que se tolera por rutina, sino como expresión de una continuidad histórica y cultural que sigue viva y que ha dejado una huella objetiva en la vida española. Y por eso mismo, la acogida de nuevas minorías religiosas debe hacerse desde la plena libertad de sus miembros, desde la lealtad al marco constitucional y desde el respeto mutuo dentro de una cultura común que no necesita borrarse para ser hospitalaria.

Sin memoria compartida, la libertad pierde su suelo

Una nación que pierde la conciencia de su propia continuidad no se vuelve más justa; se vuelve más débil, más disponible para la intemperie, más fácil de fragmentar. Y una aconfesionalidad que confundiera neutralidad con desmemoria acabaría dejando sin protección precisamente el suelo histórico y moral sobre el que la libertad llegó a hacerse posible entre nosotros.